La dudosa muerte del fiscal Nisman saca a la superficie la profunda crisis del régimen político y la disputa al interior de los servicios de inteligencia del estado, cuya principal función ha sido siempre la de espiar y controlar al conjunto de la población y provocar, infiltrar y perseguir a las organizaciones de trabajadores populares y de la izquierda.
El Gobierno Nacional es responsable directa o indirectamente de la muerte de Nisman y fue parte de la historia de impunidad que acumuló la causa AMIA durante más de dos décadas. Designó al fiscal Nisman y al espía “Jaime” Stiusso para que trabajaran con la CIA estadounidense y el Mossad israelí a efectos de imponer la “pista iraní” y tapar otras pruebas.
Frente a la crisis política abierta por la muerte del fiscal Nisman, la Asociación de Magistrados y varios partidos de la oposición patronal llaman a una Marcha de Silencio para el 18 de febrero.
Somos conscientes que la población ha sido conmovida por la muerte de un fiscal y quieren expresar la bronca hacia el gobierno. Por lo tanto es necesario reflexionar sobre los convocantes y su rol en causas populares muy importantes:
Ningún fiscal pidió el allanamiento de la sede de la Side, cuando es evidente que la misma desarrolló un minucioso trabajo de encubrimiento en la desaparición de Julio López.
Ningún fiscal reclamó la investigación del rol de los servicios de inteligencia de la policía en el despliegue de francotiradores durante la movilización que culminó en el asesinato de Kosteky y Santillán.
Ni en el caso anterior ni en el de Mariano Ferreyra, ni en el de Carlos Fuentealba se impulsó la investigación del poder político que liberó la zona o directamente ordenó que se cometan esos crímenes contra luchadores populares.
Si la marcha es por Memoria, Verdad y Justicia, ¿por qué no se exige la apertura de los archivos secretos de los aparatos de espionaje?
La denuncia de Proyecto X, surgida a partir del conflicto de Kraft Terrabusi, puso de manifiesto cómo el gobierno, a través de la gendarmería, infiltraba marchas, cortes y asambleas. Continuó con la lucha de Lear, cuando denunciamos el accionar el gendarme infiltrado Galeano y el “Carancho” Torales, para armar causas judiciales. Millones de trabajadores han visto actuar al aparato represivo comandado por Sergio Berni.
Estos ejemplos emblemáticos permiten concluir que el Poder Judicial no escapa al entramado conspirativo que incluye a gobiernos y a los propios servicios contra los intereses populares. En particular muchos de los fiscales convocantes son responsables de desviar la investigación justamente en la causa AMIA. En segundo lugar los partidos de la oposición patronal han jugado ese mismo rol durante todos estos años: Mauricio Macri está procesado por escuchas telefónicas de la mano de Ciro James a su cuñado, a familiares de la AMIA y a los propios docentes porteños, mientras su protegido, el ‘Fino’ Palacios, va a juicio justamente por el encubrimiento del atentado que produjo ochenta y cinco víctimas. Sergio Massa, tiene como jefe de campaña a un reconocido agente de la ex-SIDE como Juan José Álvarez, uno de los responsables políticos del asesinato de Kosteki y Santillán el 26 de junio de 2002. Carrió ,una empleada de la embajada norteamericana, sigue respaldando la “pista iraní” en la causa AMIA y opera al servicio de los servicios de inteligencia extranjeras. Y ni hablar del gobernador De la Sota, auténtico jefe de la narcopolicía asesina de gatillo fácil de Córdoba.
Pero tampoco constituye una solución el reemplazo de la actual secretaría de inteligencia por una estructura similar con el mismo personal, en todo caso subordinado a la inteligencia del ejército dirigida por su Jefe Milani, protegido del gobierno, acusado por delitos de lesa humanidad en el período de la dictadura. Por el contrario, su encumbramiento abre paso a la injerencia castrense en cuestiones de la seguridad interior, lo cual contradice abiertamente la Ley de Inteligencia Nacional del 2001 (de la cual estamos en contra).
La defensa de los derechos democráticos de los trabajadores y el pueblo, de las libertades públicas, la aspiración a la verdad y la justicia, no pueden encontrar cauce adecuado ni en la marcha del 18F ni en la coalición oficial. Una verdadera lucha contra la impunidad no permite por lo tanto tomar partido por ninguna de estas camarillas.
Ni el gobierno ni la oposición patronal, representan nuestros intereses, son todos cómplices del espionaje y los servicios.
Los trabajadores: intervenir con una posición independiente.
Rechazamos la decisión inconsulta de los sindicatos oficialistas de los Caló, Pignanelli y Yasky de alinearse con el gobierno y con el PJ en el rechazo a la movilización, en una línea de defensa del encubrimiento K.
La CTA de Hugo Yasky denunció que “el clima generado a partir de la muerte del fiscal Nisman pretende ser aprovechado por estos mismos grupos de poder que sueñan con ‘el fin de ciclo’ para cortar de cuajo el proceso de verdad y justicia iniciado en el 2003”. Pero, ¿no es el “proceso de verdad y justicia iniciado en 2003” el que ha cobijado a los espías como Stiusso, que han trabajado en el encubrimiento de la causa AMIA, o genocidas como el General Milani?
Rechazamos también la decisión inconsulta de la burocracia opositora de Moyano y Barrionuevo que brindan su apoyo al 18F. Quienes dieron tregua durante todo el 2014 al gobierno y a las patronales sin impulsar la lucha en defensa del salario o contra los despidos en un año de pérdida del salario real y de recesión de la economía, ahora atan a los sindicatos al destino de Massa, Macri o Scioli.
Por todo esto la Comisión Directiva de SUTEBA La Plata considera que los docentes no debemos participar de esta marcha que no constituye una salida a la crisis favorable a los trabajadores y si debemos impulsar la participación en la movilización convocada por la Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada con motivo de cumplirse 101 meses de la desaparición de Jorge Julio López bajo la consigna: EL GOBIERNO K Y EL 18F GARANTIZAN LA IMPUNIDAD.
Hagamos nuestros los reclamos de esa marcha que se realiza el 25 de febrero y movilicemos el 24 de marzo en un nuevo aniversario del golpe genocida también por :
- Ni S.I. ni SIDE ni AFI.
- Desmantelamiento del aparato represivo del estado y servicios de inteligencia nacional, provincial y municipal que continúan intactos desde la ultima dictadura genocida.
- Destitución ya de Milani, Berni y Granados.
- Apertura de todos los archivos.
- Cierre inmediato de las causas armadas por el gobierno y la justicia a los más de 5000 procesados por luchar. Basta de espiar y perseguir a los luchadores
- Basta de represión y gatillo fácil
- Esclarecimiento al atentado de la AMIA
- No a la impunidad de ayer y de hoy
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